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Violencia legal por Hoenir Sarthou

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No sé si llego a tiempo, porque es muy probable que mientras escribo –hoy, miércoles- se apruebe en diputados el proyecto de ley sobre “violencia hacia las mujeres, basada en género”.

Hay muchas razones por las que esa ley no debería aprobarse. La principal es que establece un régimen jurídico absolutamente diferencial para hombres y mujeres en infinidad de áreas de la vida (en garantías penales, tratamiento judicial, relación con los hijos, derechos laborales, propiedad, vivienda, etc.).

Sin embargo, lo que hoy quiero señalar es que, en el largo, farragoso y confuso texto del proyecto (los textos largos y confusos ayudan a esconder cangrejos), se introducen tres disposiciones  que limitan gravemente a ciertas libertades básicas.

Concretamente, el artículo 6º del proyecto, tal como aparece hoy en la página del Parlamento, tipifica las formas de “violencia de género” que la ley se propone combatir. Y contiene tres literales (“G”, “L” y “M”) muy preocupantes.

El literal “G” crea la llamada “violencia simbólica”, que “Es la ejercida a través de mensajes, valores, símbolos,  íconos, signos e imposiciones sociales, económicas, políticas, culturales y de creencias religiosas que transmiten, reproducen y consolidan relaciones de dominación, exclusión, desigualdad y discriminación, que contribuyen a naturalizar la subordinación de las mujeres”.

Con esos criterios, todo, desde las historietas de Superman hasta los posters de la Selección Uruguaya de Fútbol, pasando por la Biblia y el mito de la virginidad de María, podrían ser calificados, por ciertas mentalidades hoy muy enquistadas en el poder, como “símbolos o íconos culturales o de creencias religiosas que contribuyen a naturalizar la subordinación de las mujeres.”. Y sobre todas esas cosas –las use o no- se le está confiriendo al gobierno de turno, y a la maraña de organismos “de género” creados o regulados por la ley, el poder de actuar, controlar y prohibir.

Más sorprendente aun es el literal “M”, que instituye la “violencia mediática”, consistente en “Toda publicación o difusión de mensajes e imágenes a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de las mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, legitime la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres”.

¿Alguien en los medios de comunicación se puso a pensar en el cheque en blanco que se le está otorgando a los ignotos organismos burocráticos que se encargarán de fiscalizar la “violencia simbólica y mediática contra las mujeres”?.

En alguna “razzia de género”,  de las que algún día sobrevendrán, pueden caer  los talleres mecánicos y la publicidad de baterías para autos o de colonias para hombre, pero también Madame Bovary, Onetti, las novelas turcas,  el tango, la música “tropical”, los programas de Tinelli y la mayoría de la plástica y de los íconos cinematográficos de todos los tiempos.

Pero la frutilla de la torta es el literal “L”, titulado “violencia política”, a la que se define como “Todo acto de presión, persecución, hostigamiento, amenazas o cualquier tipo de agresión a una mujer candidata, electa o en ejercicio de la representación política, o a su familia, para impedir o restringir el libre ejercicio de su cargo o inducirla a tomar decisiones en contra de su voluntad, de sus principios o de la ley.”.

Sí, así como lo leen. Se dispone la ilegitimidad de ciertas conductas políticas, sólo si van dirigidas contra una mujer. Lo asombroso es que la mayor parte de esas supuestas formas de “violencia política” son legítimas y usuales. Denunciar a un político, criticarlo, hacer campaña para que no acceda a cierto cargo, aplicarle presión mediática, publicitaria o de opinión pública, impedirle el discrecional ejercicio de su cargo y exigirle decisiones contrarias a su voluntad o a sus principios, son el pan de todos los días de la política. Sin esas actitudes, no existe la democracia. Si los dirigentes políticos tuvieran que estar exentos de presiones, críticas y limitaciones, si pudieran hacer desde su cargo público lo que se les antojara, si sus caprichos o sus convicciones morales debieran pesar más que la voluntad o los intereses de quienes los elegimos para el cargo, viviríamos en una monarquía absoluta. Obviamente, quien redactó ese artículo desconoce lo elemental de la política democrática, o no le interesa en absoluto, tal vez porque ve el mundo desde el reducido ojo de la cerradura “de género”.

Desde hace años, algunos venimos advirtiendo que los discursos identitarios son concepciones oscurantistas y autoritarias. El feminismo “de género” es una de esas concepciones identitarias que definen a las personas  por un solo rasgo (sexo, raza, género, religión), aquél que las diferencia y las enfrenta a las demás personas.

Este proyecto de ley, y en particular su artículo sexto, hace evidente ese carácter oscurantista y autoritario.

Muchos pensarán, “bueno, sí, está mal, pero no se va a aplicar, ¿cómo alguien va a censurar a la prensa o a las expresiones artísticas por sus contenidos culturales o religiosos? ¿A quién se le va a ocurrir que los políticos deben de ser tratados según su sexo?”.

Se equivocan. Cuando alguien introduce en una ley mecanismos autoritarios (escondidos entre un montón de palabrerío hueco) es porque tiene la esperanza de utilizarlos. Cuando se aprobó la ley de educación se introdujeron vagas disposiciones sobre la educación sexual y la “transversalidad de las perspectiva de género”, cosas a las que en principio nadie se opuso porque nadie imaginó que serían usadas para introducir en las escuelas  las “guías docentes”  de “Ovejas Negras”, de “Gurises Unidos”  y del Fondo de Población de la ONU.

Si este nuevo proyecto se aprueba tal como está, estaremos dejando en manos de quien gobierne los mecanismos para censurar ideológicamente a la prensa, a las expresiones culturales y artísticas, a las manifestaciones religiosas e incluso a las luchas políticas.

Y es muy probable que tengamos que arrepentirnos.